Al ser más baratas que una instalación individual, las calderas o centrales térmicas comunitarias son herramientas efectivas en la lucha contra la pobreza energética. El gasto disminuye de forma significativa y cada hogar se tiene que hacer cargo únicamente de una cuota mensual que ya es fija, y cuyo coste es menor que si se contase con una instalación de calefacción individual.
Desde hace ya varios años han sido muchas las comunidades de vecinos que se han acogido a este modelo, en vistas a que ningún hogar caiga en una situación de pobreza energética al no poder hacer frente a los pagos.
Por ejemplo, en Madrid este tipo de instalaciones existen en barrios con un alto poder adquisitivo, pero también en los barrios de clase trabajadora.
Este sistema es el que parece va a desaparecer por imposición de la Unión Europea. Bruselas entiende que es injusto, ya que cada vivienda asociada a la central térmica paga un mismo coste independientemente del consumo. Sin embargo los vecinos con un sistema centralizado no están muy de acuerdo con la individualización, ya que ven muchas más ventajas que inconvenientes.
El único problema grave es la de las derramas por reparaciones, sin embargo al haber una gran cantidad de vecinos asociados el coste de distribuye de forma unitaria entre todos ellos.
El funcionamiento de la central térmica es gestionado por los propios vecinos, quienes cuentan con calefacción asegurada durante el invierno y los meses de frío a una tarifa de coste reducido (ya que se evitan los intermediarios). Si un vecino quiere que su casa deje de recibir calor porque se va de viaje durante unos días, solamente tendrá que cerrar la llave de paso.
Este tipo de situaciones son las que alega Bruselas con su intención de poner contadores individuales en los radiadores de cada casa, para que el pago de la energía consumida sea justo e independiente en cada hogar. El problema es que esta situación es un contrato entre particulares, y además demuestra ser una alternativa eficaz a la individualización.
